Artículo del presidente de Atades y del Observatario Aragonés de la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral que publican el sábado 19 de marzo de 2016 en Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón.
A buen servicio, mal galardón: “Con relativa frecuencia, las entidades sociales que desarrollamos proyectos y atendemos a las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral, recibimos el reconocimiento de las administraciones públicas y de los cargos políticos que las dirigen. Para todos nosotros, esos reconocimientos son un elemento que nos anima a continuar el trabajo que realizamos diariamente. Sin embargo, entendemos que esas palabras deben ir acompañadas de acciones que nos permitan continuar con los proyectos de apoyo y atención a personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral, y a sus familias.
Cualquiera de ustedes entendería que esas palabras de reconocimiento deberían ser coherentes con las políticas públicas que se gestionan desde el Gobierno de Aragón, pero la realidad nos dice que palabras y hechos, en ocasiones, no van unidas. Desde otoño de 2010 ha sido habitual que el IASS ralentice la contratación de plazas de centros de día, centros ocupacionales y residencias de personas con discapacidad. Sin embargo, las asociaciones y fundaciones que formamos parte del Observatorio Aragonés de la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral (OADI) hemos abierto las puertas de nuestros centros para, en la medida de las posibilidades de cada una de nuestras organizaciones, atender a las personas que necesitan acceder a estos recursos sociales. La Ley de Servicios Sociales de Aragón reconoce como derecho subjetivo el acceso de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral a estos servicios, con independencia de la dotación presupuestaria. Sin embargo, el Gobierno de Aragón ha incumplido e incumple una ley aprobada en las Cortes de Aragón.
Acuciados por esta situación, el primer objetivo es que todas las personas que necesitan plaza en uno de estos servicios especializados puedan incorporarse a la misma cuanto antes, quedando en segundo plano cuestiones socialmente muy sensibles como por ejemplo la revisión del catálogo orto protésico, la creación de recursos socio sanitarios o los programas orientados a la inclusión social. Es necesario que el Gobierno de Aragón atienda adecuadamente estas cuestiones, hasta ahora olvidadas.
Inclusión social y acceso al empleo son conceptos que no se pueden disociar. Los centros especiales de empleo se han convertido en el principal generador de empleo para las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral. Es imprescindible que el Gobierno de Aragón, en colaboración con los agentes que estamos trabajando en estos espacios, desarrolle una estrategia a medio/largo plazo que permita dotar de estabilidad a estos centros y contribuir a su desarrollo. Para nosotros sería importante que la elaboración de esta estrategia fuese lo más consensuada posible, por lo que sugerimos que, una vez elaborada, sea debatida y enriquecida en las Cortes de Aragón, con el objetivo de alcanzar un consenso social y político que permita su desarrollo futuro.
Para todos los agentes implicados en los centros especiales de empleo resulta sumamente frustrante la realidad de los últimos años: cada año se retrasan más los plazos de pago de las ayudas, lo que genera graves dificultades financieras a estas empresas sociales y supone un riesgo a las más de 1.000 personas que trabajan en este sector. A estas alturas de año aún están pendientes de pago las subvenciones con las que se apoya al pago de nóminas correspondientes al último trimestre de 2015. Evidentemente, los centros especiales de empleo han pagado sus nóminas, aunque las ayudas del INAEM no hayan llegado.
Desde finales del verano del año 2015, el OADI ha trasladado en multitud de ocasiones al Gobierno de Aragón que el esfuerzo que están realizando nuestras organizaciones, en el ámbito asistencial, creando las plazas necesarias para atender a estas personas sin que el IASS las contrate, nos están llevando a la sobrecarga de nuestros equipos profesionales y a la asfixia económica. Estamos asumiendo una obligación que la Ley de Servicios Sociales atribuye al Gobierno de Aragón. Una situación muy similar se está generando en los centros especiales de empleo por el retraso en el pago de las subvenciones.
A lo largo de los últimos años, los distintos gobiernos se han comprometido a compensar económicamente este esfuerzo. Es decir, a acompañar sus palabras de reconocimiento con hechos. Sin embargo, esos compromisos no se han cumplido y pedimos que no se sigan demorando. Ni las personas con discapacidad ni nuestras organizaciones sociales merecen este trato.
Ha llegado el momento de cumplir con los compromisos adquiridos”.
Jesús Soto, Presidente del Observatorio Aragonés de la Discapacidad Intelectual y la Parálisis Cerebral (Atades Huesca, Fundación Adislaf, Adisciv, Fundación Aspace Zaragoza, Aspace Huesca, Atades).
Enlace a otro enlace de El Periódico de Aragón sobre la reclamación a la DGA de dos millones de euros.